Rodrigo-Catalán_avatar-124x124La idea es que esta ley garantice la protección de nuestro patrimonio natural y que lo haga para todos los chilenos, porque la naturaleza es la base de nuestro bienestar humano y de nuestra economía, tanto actual como futura. Columna de Opinión de Rodrigo Catalán, Director de Conservación de WWF, ´publicada en El Dínamo, 30 de mayo de 2014.

Chile vive de su naturaleza, un bien común del cual no solo todos deberíamos sentirnos orgullosos y responsables, sino que el Estado explícitamente debería garantizar su resguardo de forma efectiva, con participación y equidad.

Ese es, en el fondo, el espíritu que tiene que prevalecer en la ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, un marco legal que forma parte de las prioridades del Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet para sus primeros 100 días, el cual fue respaldado por la ciudadanía en la última elección.

Es una ley necesaria y en la cual se está trabajando con urgencia para cumplir con el cronograma presidencial, y también porque es una prioridad global frente a la cual Chile está atrasado, si se revisan compromisos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y los estándares de grupos como la OCDE.

Sin embargo, no debe perderse de vista que más allá de lo imprescindible que aparece su existencia, debe primar un principio insoslayable: tiene que ser una buena ley. ¿Y cómo se logra esto? Con diálogo y participación, escuchando y también incorporando los puntos de vista de los actores sociales y las organizaciones vinculadas al tema ambiental.

En este punto, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, ha mostrado una actitud de puertas abiertas, que ha permitido que un conjunto de ONGs, entre las que se cuenta WWF, hayan podido aportar con una serie de propuestas que fueron enviadas al Gobierno.

Entre los puntos más relevantes, hemos solicitado asegurar los beneficios sociales de la conservación; aumentar los esfuerzos en la conservación de los ecosistemas marinos, en donde tenemos baja representación de áreas protegidas; la consulta indígena y asegurar un financiamiento adecuado para que esta ley sea efectiva. Además, entre las propuestas se pide reconocer distintos tipos de gobernanza de las áreas protegidas, que no solo pueden ser administradas por el Estado, sino también, como ya ocurre, por privados y comunidades o sistemas de cogestión; y asimismo, se llama a asegurar la conservación de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas, incluyendo zonas que se han destinado a las actividades productivas.

Como se puede percibir, la idea es que esta ley garantice la protección de nuestro patrimonio natural y que lo haga para todos los chilenos, porque la naturaleza es la base de nuestro bienestar humano y de nuestra economía, tanto actual como futura. Es por eso que este tema debe ser abordado con altura de miras, ya que se trata de un bien público que va más allá de los intereses sectoriales y de cualquier otra índole. Es un tema país y un desafío que tendrá consecuencias en la presente y en las próximas generaciones de chilenos.

Como organización de conservación, esperamos que este mensaje sea entendido al interior de todo el Gobierno y no solo dentro del Ministerio de Medio Ambiente, y que las diferencias internas que pudiesen presentarse sean superadas con una visión de Estado que venga desde la propia Presidenta.

Los parlamentarios también deberían comprender este llamado, a la hora de concurrir con sus votos. Porque, más allá de las tensiones del minuto, es la ciudadanía la que ha relevado esta prioridad y la ha entendido así.

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