parquepumalinAsesores del empresario han realizado la presentación a los ministerios involucrados, como Bienes Nacionales y Agricultura. La Tercera, 13 de julio de 2014.

La propuesta plantea que el Estado pueda sumar en este proceso otros terrenos para la protección: 942 mil hectáreas que hoy tienen la categoría fiscal. La idea es que 1,4 millones de hectáreas, finalmente, pasen a tener la categoría de área silvestre protegida del Estado.

Hernán Mladinic, director de la Fundación Pumalín y encargado de dialogar con los ministerios, explicó que el objetivo es que en los próximos meses se pueda realizar la presentación formal de la iniciativa a la Presidenta Michelle Bachelet. Históricamente, las fundaciones han entregado terrenos para diversos parques, como Corcovado, de 84 mil hectáreas, el que fue creado por el ex Presidente Ricardo Lagos. Durante la administración de Sebastián Piñera se formó el Parque Yendegaia, de 140 mil ha.

Mladinic afirmó que el objetivo es que el Estado conserve la biodiversidad que existe en estos parques. Ejemplo de ello es que Pumalín es uno de los principales reservoreos de alerce del país: allí se ubica el 25% de los ejemplares a nivel nacional. En el caso de la Ex Estancia Chacabuco, esta posee la presencia de fauna nativa en peligro, como el huemul. Además, allí habita una población de 3.000 guanacos.

Hernán Mladinic añadió que los Tompkins quieren dejar este legado, pues creen que “la función de conservar, tal como la de educar, es del Estado. Este puede dar una protección a largo plazo a los predios”.

Protección

La iniciativa fue presentada al Ministerio de Agricultura, cartera que, a través de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), está a cargo de los parques y reservas nacionales; el Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Bienes Nacionales y Medio Ambiente.

El ministro de esa última repartición, Pablo Badenier, explicó que este tipo de proyectos de conservación es visto con buenos ojos: “Son iniciativas muy valiosas para el país, hay que felicitarlas. Nos permite aumentar las áreas protegidas y mejorar los ecosistemas valiosos que no están representados debidamente”.

La iniciativa de Tompkins cuenta con apoyo de organizaciones dedicadas a la investigación científica y a la conservación.

Francisco Squeo, investigador del Centro de Estudios de Zonas Aridas y de la U. de La Serena, planteó que es necesario aumentar la superficie destinada a la preservación de terrenos de alto valor natural: “recordemos que entre la IV Región y Los Lagos, no hay suficiente territorio para cumplir con la meta de conservación a 2020, que es proteger el 17% de las zonas terrestres y aguas continentales”. De allí que los espacios que quedan para proteger estén ubicados en la Patagonia.

Recordó que el 55% de los ecosistemas en Chile está amenazado por factores como el avance de las ciudades o bien la contaminación ambiental, por lo que es relevante adoptar acciones para proteger las áreas que poseen flora y fauna nativa.
Recuadro :
“Esto nos permite aumentar las áreas protegidas y mejorar los ecosistemas”. Pablo Badenier Ministro de Medio Ambiente

Ley de Servicio de biodiversidad establece obligaciones

Las áreas privadas que adquieran un nuevo estatus con la ley del Servicio de Biodiversidad tendrán obligaciones y beneficios, explica el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier. El proyecto de ley fue visto esta semana por la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

El ministro explica que “van a tener que tener obligatoriamente un plan de manejo (donde se describen las características del territorio y usos en cada zona), el que va a ser fiscalizado por el Servicio de Areas Protegidas. También se crea un fondo nacional, al que podrán postular las áreas públicas y privadas, lo que permite ejecutar acciones como el monitoreo de especies.

Mariela Núñez, presidenta de Conserva Chile, explica que es relevante tener una normativa especial para estas zonas, pues “actualmente en Chile las áreas protegidas públicas y las privadas no resguardan efectivamente la biodiversidad, la que debe ser resguardada a través de una Ley Orgánica Constitucional que la proteja frente a las presiones y amenazas y, de esta forma, asegurar su permanencia a través del tiempo, independiente de si la propiedad de la tierra es pública o privada”.

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