tagua_taguaAlgunos ambientalistas reaccionaron con cautela y decepción ante el ingreso por parte del Gobierno de la reforma al Código de Aguas que ahora será tramitada en el Congreso. Las indicaciones fueron anunciadas el 21 de mayo pasado y buscan garantizar que el agua sea “de uso prioritario para consumo humano y saneamiento”. Diario Universidad de Chile, 09 de octubre de 2014.

Luego de meses de espera finalmente el Gobierno, a través del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, ingresó en el Congreso las indicaciones que buscan reformar el actual Código de Aguas.

Recordemos que existía una moción en trámite en el Parlamento sobre este tema, pero, luego del anuncio hecho por la Presidenta Michelle Bachelet el pasado 21 de mayo, se solicitó a la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Baja suspender la tramitación de dicho texto a las espera de las indicaciones.

Finalmente éstas llegaron y fueron recibidas con satisfacción por los diputados integrantes de la instancia parlamentaria, aunque no ocultaron su sorpresa por la ausencia de algunos acuerdos que ya se habían alcanzado en la Cámara.

Entre los temas que quedaron fuera de las indicaciones planteadas por el Ejecutivo, están el tratamiento de conceptos como el “caudal del minero” y caudal ecológico.

Así lo afirma el presidente de la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Baja, Luis Lemus, quien cree que de todas formas insistirán con los temas que quedaron afuera durante la tramitación del texto.

“Con la extrema sequía que vivimos en el país, es imprescindible contar con un caudal ecológico y en segundo lugar, otro de los temas que se vio es, respecto de las aguas halladas en las faenas mineras, que nosotros habíamos incorporado al proyecto y donde se establecía que esas aguas sean declaradas y posteriormente formalizadas ante el Estado”, agrega Lemus.

Dentro de los cambios anunciados por el Ejecutivo destacan el definir el agua como un bien de interés público y que determina la vigencia de los derechos de aprovechamiento, ya sean consuntivos (que son devueltas) o no consuntivo, en 30 años, prorrogables por un nuevo periodo si es que éstas aguan están en uso.

Además, las indicaciones hacen referencia a la caducidad de los nuevos derechos que sean otorgados con posterioridad a la reforma.

Para el director del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, las indicaciones presentadas son decepcionantes, “lo que hacen es sustituir un conjunto de artículos que ya habían sido votados por los legisladores y, por lo tanto, no es que se haya perfeccionado agregando elementos al proyecto, sino simplemente lo cambiaron, se vuelve a cero”.

Otra de las propuestas del Ejecutivo busca fortalecer el rol de la Dirección General de Aguas, DGA, permitiéndole suspender de oficio los derechos de agua en caso de sequía.

Para el ambientalista esta es una buena noticia, pero advierte de la necesidad de potenciar otros aspectos de la DGA, “si no se cambia lo sustancial de que sigue siendo el mercado de agua lo que regula el uso de ella en el país, entonces la DGA, más bien, lo que hace es ver cómo se maneja este mercado e intervenir y como se sabe es muy débil, en todos los planos, la intervención del Estado en el mercado”.

Por su parte Sara Larraín, directora de la ONG Chile Sustentable, también fue crítica respecto de algunos puntos.”La propuesta del gobierno restringió la prohibición de otorgar concesiones de uso de aguas  sólo al interior de  Parques Nacionales y Reservas de Regiones vírgenes, dejando abierta la posibilidad de que los privados puedan pedir  aguas en otras áreas protegidas como Reservas Nacionales, Monumentos Naturales,  y Santuarios de la Naturaleza, que están bajo protección en la Ley ambiental y que si estaban consideradas en la propuesta de los parlamentarios”, afirmó la ambientalista.

Si bien Sara Larraín encuentra que hay puntos rescatables, afirmó que Chile Sustentable “continuará trabajando desde las organizaciones ciudadanas y apoyando a los parlamentarios para lograr reformas estructurales al Código de Aguas  y reformas a la Constitución  con el objeto de  recuperar el agua como” bien público” y  desarrollar una gestión equitativa, sustentable y democrática de este bien de todos los chilenos”.

El Gobierno busca incluir además en esta reforma la prohibición para construir derechos de agua en glaciares. A ello se suma la imposibilidad de solicitar estos aprovechamientos en parques nacionales y otros similares.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga confirmó que hay partes de estas indicaciones que están en consulta indígena.

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