El proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad adolece de serios problemas conceptuales que comprometen la conservación y uso sostenible del patrimonio natural y cultural que representa la biodiversidad. Manteniendo un enfoque sectorial que ignora el componente funcional de la biodiversidad, permite la exclusión de todas las “especies comerciales” marinas y considera como nativa, (propia) del país, a toda especie que se distribuya de forma natural en Chile.

La diversidad biológica de Chile está en riesgo. Normalmente pensaríamos que es debido sólo a los efectos que actividades como la sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación o las modificaciones del territorio producto de actividades humanas tienen sobre la sobrevivencia de especies y ecosistemas.

 Efectivamente, como lo reitera el reciente “Informe País: Estado del Medio Ambiente en Chile, comparación 1999-2015” preparado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, estas presiones directas no cesan de amenazar nuestra biota. Sin embargo, hoy se cierne un problema mayor y paradójico: la potencial instalación de una institucionalidad que presuntamente debía consolidar el resguardo de la biodiversidad podría –al contrario- dejarla en franca desprotección.

La aproximación tradicional del Estado de Chile para la gestión de la biodiversidad ha sido un enfoque sectorial. Esto conlleva que numerosas entidades tengan competencias parciales sobre la biodiversidad, en las cuales predominan los intereses de cada sector por sobre una mirada integradora. En efecto, 10 ministerios y 28 servicios públicos tienen competencias sobre diferentes aspectos de la diversidad biológica nacional. De hecho, esta gestión fue cuestionada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en su “Evaluación del Desempeño Ambiental: Chile” hace más de una década, resaltando que la conservación de la biodiversidad era secundaria frente a los objetivos de las entidades sectoriales.

La dispersión de competencias, esfuerzos y visiones sería solucionada con la creación de un Servicio de Biodiversidad. Esta entidad, en principio, debería fortalecer nuestra institucionalidad ambiental al concentrar y coordinar, en una entidad especializada, los esfuerzos distribuidos en los diversos organismos del Estado para gestionar la conservación y los usos sostenibles de la diversidad biológica, en cuanto a patrimonio natural y cultural, a nivel de genes, especies y ecosistemas en todo el territorio y mar nacional. Así, el nuevo el Servicio debería cambiar el estado del arte … pero en su formulación actual resulta en un “gatopardismo”: hacer que todo cambie para que todo quede igual.

El gobierno ha acelerado la tramitación del proyecto de ley que crea el requerido Servicio de Biodiversidad. En vez de ser alentador, esto es inquietante. El proyecto no está exento de problemas, como numerosas organizaciones y académicos han manifestado.

Entre ellos destacan cuatro aspectos que debilitan seriamente al futuro Servicio y la gestión de la biodiversidad. Primero, la definición misma de biodiversidad, el objeto del Servicio, ¡es incompleta! De los tres aspectos de la biodiversidad: composición, estructura y funcionamiento -sea a nivel genes, especies o ecosistemas-, la definición ignora el componente funcional. Ello implica que los procesos que generan servicios ecosistémicos y beneficios sociales, como captura de carbono o turismo, entre otros, no serían del ámbito de competencia del Servicio. Con ello, nada cambia. La definición de biodiversidad debe incluir explícitamente el atributo de funcionamiento, de manera de asociar biodiversidad con desarrollo socio-económico y bienestar social.

Por cierto, mediante otra definición errónea se pretende considerar como especie nativa (propia) del país a toda especie que se distribuya de forma natural en Chile. De esta forma, por un mero acto administrativo las especies exóticas invasoras dejan de ser una amenaza para la biodiversidad nacional.

Segundo, pese a la necesidad de cambiarlo, se mantiene un enfoque sectorial. Cambiamos, para no cambiar mucho. Un aspecto crítico es que el proyecto, y con ello la tarea del Servicio, es prácticamente silente respecto al nivel genético. Chile no puede continuar expuesto a perder su patrimonio genético y carecer de normas que regulen su protección, uso y goce justo y equitativo. Como se presenta, privar al Servicio de esta responsabilidad conlleva que su gestión siga en manos de otras entidades que no priorizan necesariamente su conservación ni resguardo por consideraciones más allá de las económicas. Independientemente de la complejidad que pudiese conllevar el hecho de considerar explícitamente la diversidad genética, esto no debería ser obstáculo para su inclusión.

Tercero, el peso de otros sectores de la actividad nacional es tan fuerte, que de la gestión de la biodiversidad marina conferida al Servicio se excluyen todas aquellas especies comerciales, produciéndose el absurdo que en una misma columna de agua del océano se mantienen repartidas las competencias entre especies “recursos” y “no recursos”, sin siquiera intentar una coordinación. Estos ejemplos son parte de los desafíos que enfrentamos y donde requeriremos miradas diferentes a lo que tradicionalmente hemos recurrido, pero que hoy el gobierno pareciera ignorar.

Cuarto problema es su carácter fuertemente reactivo. Una fracción importante de la biodiversidad sobrevive fuera de las áreas protegidas. Conservar la biodiversidad en todo el territorio nacional es un compromiso adquirido por Chile en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Por ello, el actual foco del Servicio, que no innova respecto lo hecho tradicionalmente, está puesto en especies y ecosistemas amenazados o degradados. Si bien eso es necesario, debe ampliarse y fomentarse hacia una gestión proactiva de nuestros genes, especies y ecosistemas para conservarlos, incluyendo bien usarlos y evitar que sean degradados. Chile debería disponer de instrumentos que incentiven una gestión sustentable de la biodiversidad también en zonas productivas. Esto permitiría involucrar a toda la sociedad en la tarea de conservar. Evitar problemas sería un paso bienvenido.

Chile necesita disponer de una legislación e institucionalidad que efectivamente asegure gestionar la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y cultural que representa la biodiversidad como un factor de desarrollo y de bienestar para la población nacional. Sin embargo, el Servicio de Biodiversidad propuesto representa un gatopardo, donde pretendemos generar cambios para que todo quede igual, con predominio del enfoque sectorial. Aún podríamos mejorarlo, solamente falta que escuchen a la sociedad civil y consideren sus aportes.

“Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”
Giuseppe Tomasi di Lampedusa en Il Gattopardo

Fuente: El Desconcierto

Javier A. Simonetti
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile

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