El reciente aumento de las áreas protegidas tensiona su mantención

El lunes se cumplen dos meses desde que se anunció, tras la donación de terrenos por parte de la viuda de Douglas Tompkins, la creación de la nueva Red de Parques Nacionales de la Patagonia, de 4,5 millones de hectáreas. El Estado protege hoy otros 14 millones de hectáreas —en 101 parques, reservas y monumentos naturales en todo el país—, pero sus condiciones plantean una serie de interrogantes. Entre ellas, que solo la mitad cuenta con más de un guardaparques.

Incendios, extracción de agua, ganadería ilegal, sobrecarga de visitantes y especies invasoras son las principales amenazas a la biodiversidad que enfrentan estas áreas. La nueva institucionalidad de protección de áreas silvestres anunciada por el Gobierno se discute en el Congreso desde 2014.

Los músculos del cuerpo tensos y el hocico amenazante del rival gatillan en el gato su instinto de supervivencia. Sus patas se aferran a la roca y trepa ágil, hasta perderse en el paisaje desgarrador de Torres del Paine.

El enfrentamiento entre perros salvajes y pumas no es desconocido para quienes cuidan las 181 mil hectáreas de ese parque de la Región de Magallanes. Y fue lo que capturó el fotógrafo Miguel Ángel Fuentealba en noviembre pasado (foto en A11). “Comparto esta imagen que evidencia el problema que existe con los perros en parques nacionales y/o áreas protegidas (…)”, escribió, junto a las fotos que subió a las redes sociales.

Así como los ataques de perros asilvestrados, existen múltiples riesgos que amenazan la biodiversidad de las áreas protegidas en Chile.

Mañana se cumplen dos meses desde que la Presidenta Bachelet firmó un protocolo de acuerdo que crea la Red de Parques Nacionales de la Patagonia Chilena -que incluye a Torres del Paine- y que nace tras la fusión de 407 mil hectáreas donadas por la viuda del filántropo Douglas Tompkins con terrenos fiscales y otras áreas protegidas, conformando una vasta zona de 4,5 millones de hectáreas.

A esto se suman los 14 millones de territorio rico en biodiversidad que protege el Estado a través de la Corporación Nacional Forestal, Conaf. El grave problema es que casi la mitad de estas áreas protegidas cuenta con un solo guardaparques, o incluso ninguno.

La escasa dotación de personal debe lidiar con incendios, extracción de agua, ganadería ilegal, sobrecarga de visitantes -y el exceso de basura que implica- y especies invasoras, sus principales amenazas.

La nueva institucionalidad de protección de áreas silvestres anunciada por el Gobierno en marzo se viene discutiendo en el Congreso desde 2014. La ley deberá resguardar y conservar los 101 parques, reservas y monumentos naturales en todo el país, aunque 22 carecen de guardaparques profesionales de tiempo completo y 21 tienen solo uno, según un análisis realizado por “El Mercurio” con información obtenida a través de la Ley de Transparencia (ver infografía digital en infografías.elmercurio.com).

Estas áreas sin personal suman 5.819.293 hectáreas, dos quintas partes de las áreas protegidas del país, y 1.330.591 hectáreas tienen un solo cuidador. O sea, juntas, suman el 49% del terreno total.

Es el caso de la Reserva Nacional Alacalufes (Magallanes), que acaba de ser ascendida a Parque Nacional. Con sus 2 millones 313 mil hectáreas de extensión, es la segunda área protegida más grande del país, tras el Parque Nacional Bernardo O’Higgins.

Jovito González es su único guardaparques y administrador, quien para recorrerlo debe coordinarse con sus colegas del parque Bernardo O´Higgins, con los que comparte la única embarcación que la Conaf tiene disponible para el área. Los viajes de inspección duran alrededor de 12 días.

“Los Alacalufes no tiene infraestructura ni una lancha para recorrer sus canales, por lo que no es posible tener más personal. Lo ideal sería que pudiéramos construir cabañas en tres puntos de la reserva y hubiera 20 funcionarios trabajando en ella”.

Es cierto que se trata de una unidad aislada, pero, según González, igual requiere la presencia permanente de guardaparques: “Hay actividades extractivas autorizadas, como tala de cipreses y acuicultura, que deben ser fiscalizadas. Además, en esta región se ha encontrado a personas talando en lugares no autorizados”.

Para el director de la Conaf, Aarón Cavieres, si bien “buena parte (de las áreas protegidas) tiene presencia permanente de guardaparques, hay algunas que por aislamiento, por diversas condiciones, no tienen guardaparques. Sin embargo, en todas ellas existe un monitoreo y una supervigilancia permanente mediante visitas periódicas o vuelos, para asegurar que no sucedan casos de afectación”.

Reconoce que no existe un sistema estándar de monitoreo, que más bien depende del tipo de área. “En el Parque Nacional Alberto de Agostini (1.460.000 hectáreas en Magallanes y sin guardaparques), por ejemplo, hay momentos en que, por mucho que planifiquemos, no podemos ir (…) Hay lugares que estamos permanentemente visitando y monitoreando, y otros donde llegamos con menos frecuencia”, agrega Cavieres.

De incendios, perros y sequía

El tema del personal es sensible si se considera que cada área, dependiendo de la región del país donde se encuentra, está expuesta a diferentes amenazas, explica el zoólogo Agustín Iriarte, gerente general de la consultora ambiental Flora & Fauna Chile. La principal de la última década es la exposición creciente a incendios forestales, que ha diezmado valioso patrimonio en reservas, como China Muerta (Araucanía) y en el parque nacional Torres del Paine.

“El año pasado tuve que ir tres veces al parque, y es terrible ver todo lo que fue incendiado. Yo lo conocí intacto”, dice Iriarte.

Para el especialista, Torres del Paine, Fray Jorge, Juan Fernández, Lauca y Vicente Pérez Rosales son los cinco parques más importantes de la red en términos de biodiversidad. Aunque tienen buena protección, igual presentan amenazas.

En Fray Jorge, Región de Coquimbo, reconoce que se ha hecho un esfuerzo importante de restauración, pero advierte que, según varios estudios, los árboles más importantes se cortaron en el pasado. “Lo que queda de bosque podría desaparecer con el tiempo, porque no hay suficiente masa vegetal para captar el agua de la niebla.

Otras amenazas de cuidado -enumera Iriarte- son la irrupción de especies invasoras, como el visón, el jabalí y el castor; el ingreso de ganado y caballos asilvestrados; la acción de los perros y gatos salvajes o domésticos sobre huemules, guanacos, aves y otras especies sensibles. También se suma la escasez de agua por la acción humana o problemas naturales, como los efectos del cambio climático.

En los últimos años, la sobrecarga de visitantes en la época de verano también se ha convertido en un problema, y Torres del Paine es un ejemplo de ello. Por último, también es necesario abordar las reclamaciones territoriales y productivas de comunidades indígenas que habitan cerca o dentro de la zona protegida.

Dudas del nuevo servicio

Si bien la Conaf cuenta desde 2010 con el Programa de Amenazas y Restauración que se preocupa del tema, la resolución de los problemas rara vez es a corto plazo, la educación ambiental no siempre es efectiva y el presupuesto para financiar los programas es escaso o nulo, reconocen las fuentes consultadas.

De ahí que la futura ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y que se discute hace más de dos años en el Congreso, sea fundamental para solucionar los nudos críticos. Hoy la responsabilidad del cuidado y protección de estas áreas se reparte entre diversos organismos con múltiples atribuciones.

Según la nueva ley, se trataría de un servicio descentralizado -supervigilado por el Ministerio del Medio Ambiente- que tendrá atribuciones regulatorias, normativas y de fiscalización, incluyendo la capacidad de otorgar concesiones a privados.

El tema de los guardaparques también se aborda, pero no en detalle. Según el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de la Conaf, Erry Leiva, se necesitan entre mil y mil 500 nuevos guardaparques para hacerse cargo de todas las áreas protegidas del país. “Esto no se ha incorporado en la discusión de la nueva institucionalidad, no hay una letra que diga que va a haber aumento de dotación o de guardaparques”, advierte.

La tramitación del proyecto no ha sido sencilla. De hecho, fue enviada en dos oportunidades: primero por el Presidente Piñera y luego fue retomada por la Presidenta Bachelet, quien la remitió en 2014. Desde entonces ha sido objeto de una serie de críticas, y los parlamentarios le hicieron más de mil indicaciones, varias de las cuales fueron recogidas por el Gobierno.

Uno de quienes realizaron indicaciones es el senador independiente Antonio Horvath, quien ha participado activamente en la discusión. El parlamentario reconoce que el proyecto original “tenía errores graves”. A su juicio, uno de las peores es que permitía por simple decreto la desafectación de un parque nacional, la categoría hoy más estricta, algo que va contra el protocolo de Washington sobre protección de la naturaleza y que fue suscrito por Chile.

La red actual presenta inconsistencias de las que el proyecto de ley hasta ahora no se hace cargo. Es así como existen áreas protegidas en las que el acceso más expedito es a través de caminos privados, previa autorización de sus dueños, como el caso de empresas mineras. Ninguna de las indicaciones menciona el tema de las servidumbres de paso o alguna figura semejante.

“No sabemos si el Gobierno presentará alguna indicación para regularlo”, reconoce el senador Patricio Walker, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, quien admite que se trata de una materia exclusiva de la Presidencia de la República.

Otro tema delicado es la relación con las comunidades indígenas. En el parque Lauca (Arica y Parinacota) existe ganado de las comunidades locales, algo que teóricamente no debería ocurrir, porque en los parques nacionales se prohíbe cualquier tipo de actividad productiva. Algo parecido ocurre en el parque Volcán Isluga (Tarapacá). Varios senadores presentaron indicaciones al respecto, y se optó por someter directamente el proyecto a consulta indígena. A esto se suma que en el futuro parque nacional Alacalufes, de la red de parques de la Patagonia, hay presencia de comunidades kawésqar, por lo que también su creación (hoy es una reserva nacional) podría someterse a ese trámite.

Para el senador Walker, la iniciativa es extremadamente importante y la apoya, pero con aprensiones. “No nos basta con tener una institucionalidad adecuada. Necesitamos los recursos, un esfuerzo económico mucho mayor del Estado para que la conservación sea efectiva y se ponga en valor este patrimonio y lleguen los turistas”.

La quinta parte Las áreas protegidas cubren una superficie aproximada de 14,6 millones de hectáreas, prácticamente el 20% del territorio nacional, según la Conaf.

Proyecto de ley endurece las condiciones de preservación con categoría de “región virgen”

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado cuenta con 101 parques, reservas y monumentos naturales que están bajo el cuidado de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Los parques nacionales son áreas protegidas “excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura”. En cambio en las reservas nacionales se puede desarrollar actividad productiva de tipo sustentable, siempre que no ponga en riesgo los servicios ecosistémicos que aporta el área.

La nueva ley que se discute en el Congreso incorpora al sistema las distintas categorías de áreas marinas protegidas y también los santuarios de la naturaleza -a los que se les exigen las mismas condiciones que a las reservas nacionales-, que por años dependieron del Consejo de Monumentos Nacionales.

El proyecto también consolida la creación de una categoría aún más estricta que parque nacional, recomendada por el Protocolo de Washington y que en Chile no ha sido puesta en práctica: la reserva de región virgen, que define como “un área terrestre o acuática, marina o continental, cualquiera sea su tamaño, en la que existen condiciones primitivas naturales, no perturbadas por actividades humanas significativas, reservada para preservar la biodiversidad, así como los rasgos geológicos o geomorfológicos y la integridad ecológica”. En estas áreas, según la definición del registro de áreas protegidas del Ministerio del Medio Ambiente, no se permitiría la existencia de caminos para vehículos motorizados y está vetada toda explotación comercial.

Los grupos ambientalistas han abogado para que esta norma pueda aplicarse a toda la red nacional de glaciares, esté o no dentro de un parque nacional.

”Están tratando de apurar el proyecto de ley (que crea el nuevo servicio de áreas protegidas) sin que el Ejecutivo se haya hecho cargo de las indicaciones que hicimos los parlamentarios y el equipo técnico ad hoc”.

ANTONIO HORVATH, SENADOR INDEPENDIENTE

”Los recursos que se van a entregar (para la nueva Red de Parques Nacionales de la Patagonia) son insuficientes para tener un estándar alto. En Costa Rica se invierten 30 dólares por hectárea en conservación, en Ecuador siete, mientras que en Chile solo uno. Tenemos que tomarnos esto en serio”.

PATRICIO WALKER (DC), PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

”Buena parte de las áreas protegidas tienen presencia permanente de guardaparques, pero hay algunas que por aislamiento o diversas condiciones no los tienen,pero en esos casos las amenazas son menos frecuentes;si no podemos ir a Cabo de Hornos, tampoco van a poder ir terceros”.

AARÓN CAVIERES, DIRECTOR DE LA CONAF

”En muchos parques y reservas tenemos apenas un funcionario. Es como un saludo a la bandera. Hay lugares a los que simplemente no podemos llegar y están siendo dañados por introducción de ganado o tala de bosque”.

VÍCTOR CORNEJO, SINDICATO DE LA CONAF EN AYSÉN

La amenaza de las especies invasoras

Uno de los problemas de más lenta solución ha sido la presencia de animales asilvestrados y especies invasoras.

Los perros domésticos y salvajes han causado un daño importante en la población de guanacos del Parque Pan de Azúcar y Llanos de Challe (ambos en Atacama), y se desplazan sin mayor control en áreas como cerro La Campana (Valparaíso). Mientras que los gatos asilvestrados impactan en la avifauna nativa de Isla de Pascua.

Hasta ahora se han generado protocolos, estrategias como la esterilización y vacunación, pero la nueva ley de tenencia responsable prohíbe su captura y eliminación, que era algo por lo que abogaban veterinarios y especialistas en fauna silvestre, con la oposición de grupos animalistas.

“El problema se mantiene y va a empeorar. El guardaparque no tiene ninguna herramienta salvo ir a conversar con los vecinos, muchas veces se trata de perros con dueño, pero todo es voluntario. En el caso de los perros que se asilvestraron y formaron jauría, la solución lógica sería la eutanasia”, sostiene el veterinario Gerardo Acosta, director del Instituto de Medicina Preventiva de la U. Austral.

En el caso de las especies invasoras, los mayores problemas son el visón, el castor y el jabalí. El primero llegó hace dos años a la isla de Chiloé (Los Lagos), donde el Servicio Agrícola y Ganadero ha instalado trampas para su caza. También se ha detectado su presencia en el Parque Nacional Laguna San Rafael (Aysén).

Los castores, en tanto, se han transformado en una plaga en varios de los parques de la Patagonia, como el Alberto de Agostini y Los Alacalufes (Magallanes).

En cuanto a la flora y sus amenazas, la principal zona afectada es el archipiélago Juan Fernández. Allí tanto Conaf como otros organismos estatales y ONG intentan poner freno al avance, en la isla Robinson Crusoe, de plantas continentales como la zarzamora. El objetivo es evitar que lleguen a la frágil Alejandro Selkirk, hogar de especies únicas en el planeta. Otras amenazas son la invasión de pino insigne, eucaliptus y álamo en reservas como Los Ruiles (Maule), El Yali (Valparaíso) y Los Cipreses (O’Higgins), respectivamente.

LA QUINTA PARTE

Las áreas protegidas cubren una superficie aproximada de 14,6 millones de hectáreas, prácticamente el 20% del territorio nacional, segun la Conaf.

Fuente: El Mercurio

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