Diversas reuniones con autoridades de la Nueva Mayoría durante 2017 daban ya cuenta de la preocupación de la compañía por la decisión de la Presidenta de apostar por la conservación y el turismo asociado a la naturaleza como ejes del desarrollo productivo de Aysén. Aunque los alcaldes de Río Ibáñez y Chile Chico, además del senador David Sandoval, han puesto a la economía familiar campesina como el principal motivo de su rechazo a la nueva área silvestre protegida, comienzan a develarse los intereses mineros en la zona del lago General Carrera.

Ya lo deslizó a fines de enero el alcalde DC de Chile Chico Ricardo Ibarra, cuando dio los primeros atisbos de lo que sería la concertada ofensiva en contra del Parque Patagonia, buque insignia del así llamado legado ambiental de la ex Presidenta Michelle Bachelet: la Red de Parques de la Patagonia Chilena.

‘No hay ningún decreto Presidencial ni Comité de Ministros que pueda cambiar la vocación minera de nuestra comuna de más de 80 años’ expresó en un inserto pagado, con el sugerente título de ‘Alcalde de Chile Chico por Parque Patagonia: ‘No respeta nuestra historia ni a nuestros pobladores’’. Complementaba la nota una imagen suya junto a dirigentes del sindicato de la minera Cerro Bayo, controlada por la canadiense Mandalay Resources y que cobrara notoriedad nacional en junio del año pasado por el fallecimiento de dos trabajadores atrapados al colapsar las paredes de sus túneles, inundándose con aguas de la adyacente Laguna Verde.

En la gráfica también aparecía la -en ese entonces- senadora electa Ximena Órdenes, quien rápidamente se desentendió de la publicación explicando que la ‘inserción pagada por el alcalde de Chile Chico, donde utiliza una fotografía con mi imagen, es opinión del edil y no representa mi visión sobre la creación de la Red de Parques de la Patagonia’.

Las gestiones de Ibarra en pro de la actividad minera son confirmadas desde el interior del municipio, donde se recuerda que ‘hace tiempo atrás viajó con dirigentes mineros a Santiago a reunirse con Bienes Nacionales’. La gira se materializó el 11 de enero, según cometido funcionario y confirmación del propio sindicato en redes sociales, y aunque no se ha podido ‘averiguar quién canceló los pasajes de los mineros, sí sé que salieron por la Argentina (hacia el aeropuerto Balmaceda) en vehículo municipal’, relata la misma fuente. Una acción que prohíbe claramente la legislación considerando que la Contraloría ha establecido un uso institucional privativo del transporte estatal, ya que los funcionarios ‘sólo tendrán derecho a uso de vehículos para el desempeño de las labores inherentes a sus cargos’.

Estos movimientos, como ha reconocido someramente el alcalde, se justifican en que habría exploraciones mineras en un área fiscal cercana a la reserva nacional Jeinimeni, en Quebrada Honda, a 10 kilómetros al sur de Chile Chico casi en el límite de la frontera con Argentina. La incertidumbre se suma así a las dudas sobre la continuidad de Cerro Bayo, que opera al interior del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni Lagunas de Bahía Jara y cercano a la reserva. La compañía pretende mediante declaración de impacto ambiental en trámite rehabilitar la inundada Mina Javiera –faena abandonada en 2008- depositando en un sector de humedales medio millón de metros cúbicos de agua extraídos desde sus túneles inutilizados. Organizaciones han solicitado la presentación de estudio y no solo declaración, pero esto ha sido rechazado por la autoridad.

El tema de la armonización de la Red de Parques de la Patagonia, particularmente el Parque Nacional Patagonia que fusiona la ex estancia Valle Chacabuco (donada al Estado por Kris MacDivitt y su fallecido esposo, Douglas Tompkins), las reservas nacionales Jeinimeni y Lago Cochrane, además de tierras fiscales, volvió a cobrar relevancia en las últimas semanas.

La ofensiva del senador UDI David Sandoval y el alcalde de Chile Chico cuestionando los nuevos parques, se ha sustentado fundamentalmente en las veranadas que familias campesinas de la cuenca sur del lago General Carrera utilizan en época estival para alimentar sus animales, localizadas algunas en terrenos públicos que pasarían a ser áreas protegidas.

Aunque las necesidades de la pequeña ganadería y campesinado, histórica actividad regional, son puestas al frente como el principal conflicto de uso presente, es la minería trasnacional que fuera del foco de los medios tampoco no ve con buenos ojos la nueva definición territorial. Esto, más aún cuando en una reciente carta enviada por la AG Campesina de Puerto Guadal al ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward, solicitan una mesa de trabajo para dialogar sobre el futuro de las veranadas en áreas silvestres protegidas pero aclarando que ‘sin duda este tipo de espacios permiten asegurar la biodiversidad de especies, porque es lo que corresponde y es fundamental para las futuras generaciones, además de posicionar este territorio, en el caso de la Red de Parques de la Patagonia, en el imaginario turístico mundial… Esto no es solo orgullo, estamos convencidos es una oportunidad de desarrollo sustentable para Aysén’.

La operación anti parque tiene un nombre concreto: Proyecto ‘Los Domos’ de Southern Gold, una concesión de exploración minera de 4.100 hectáreas enfocada a la extracción de oro y plata. Esta sociedad fue constituida el 18 de octubre de 2016 por Sergio Romero Guzmán, hijo del ex senador de Renovación Nacional Sergio Romero Pizarro, con quien comparte labores profesionales en el bufete Dalgalarrando, Romero y Cía. En el nacimiento de Southern Gold, Romero Jr. actuó en representación de la empresa australiana de exploraciones Equus Mining, mientras que el directorio provisorio quedó constituido por Marcelo Mora Abarzúa, Edward Leschke y Roberto Castillo Lara como representante legal.

Un dato anecdótico es que en el escrito se estipuló que ‘cualquiera publicación que la sociedad deba practicar durante el primer ejercicio o ejercicios posteriores, hasta una nueva designación de periódico, se realizará en el periódico electrónico www.ellibero.cl’. El Líbero es un reconocido medio asociado a la Unión Demócrata Independiente, según consignara un artículo de El Mostrador.

La ruta del oro

El 24 de mayo de 2017 Southern Gold presentó una solicitud de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) regional requiriendo un pronunciamiento de la autoridad para definir si correspondía o no someter 19 plataformas de sondaje a evaluación ambiental, esto es, presentar estudio o declaración. La consulta era necesaria considerando que el proyecto ‘Los Domos’ se emplaza en el área de concesión minera de Terrane Minerals, la propietaria original, pero en terrenos fiscales adyacentes a la reserva nacional Jeinimeni. Y a pocos kilómetros del circuito turístico Cueva de las Piedra Clavada/Cueva de las Manos, donde existen vestigios rupestres de 10 mil años de antigüedad.

El número de estructuras no fue fruto del azar. El objetivo fue sortear lo estipulado en el artículo 3º del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que determina los proyectos que deben ser sometidos a su tramitación. En este se establece que en el caso de exploraciones deberán presentar estudio o declaración las que contemplen 40 o más plataformas desde la región de Arica y Parinacota a Coquimbo, y 20 desde Valparaíso a Magallanes, incluida la Metropolitana. Diecinueve era el mínimo en Aysén para no entrar a un proceso que podía ser engorroso.

En menos de un mes, el 13 de junio, el SEA dio por desistida la solicitud de pertinencia, luego de no obtener respuesta ante el requerimiento de antecedentes adicionales que respaldaran el mandato de Roberto Castillo como representante legal de Southern Gold.

Este traspié no significó paralizar sus intenciones de realizar sondajes en dicha concesión. Desde el mismo mes de junio de 2017, al menos, llevan adelante trabajos de exploración fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, según han informado periódicamente a sus grupos de interés internacionales en sistemáticos boletines en inglés. En estos explican que el 25 de octubre de 2016 Equus anunció la ‘adquisición del 100 % de los derechos proyecto Los Domos’, en un joint venture con Terrane Minerals. Una semana antes había nacido Southern Gold.

Fue en septiembre de 2017, mientras el gobierno de Michelle Bachelet preparaba en paralelo el decreto de creación del Parque Nacional Patagonia, que Terrane Minerals publicó en el Boletín Oficial de Minería sus últimas solicitudes para constituir en la misma zona cuatro concesiones mineras de exploración (Electrum 11, Electrum 8, Electrum 9, Electrum 10), por un total de 900 hectáreas. Fueron tramitadas por el abogado Esteban Fresno Rodríguez y también se emplazan en terrenos fiscales adyacentes a la actual reserva nacional Jeinimeni. Y lo más complejo para sus intereses: se ubican dentro del polígono que pasaría a ser parque nacional. De ahí, quizás, el apuro por comenzar los sondajes previo a la toma de razón del decreto que aún se encuentra en Contraloría, evitando de esta forma engorrosas solicitudes de pertinencia y evaluaciones ambientales.

La ruta del lobby

El 31 de mayo de 2017, el representante en Chile de Southern Gold Damien Koerber aparece, según el portal www.infolobby.cl, reuniéndose con la hoy ex gobernadora de la provincia General Carrera, María Rivera, con el fin de ‘explicar un programa de exploración en el sector de Quebrada Honda’. En pleno proceso de tramitación de la solicitud de pertinencia del proyecto ‘Los Domos’.

En el mes de agosto, el mismo Koerber junto a Sergio Romero se entrevistaría con el ex subsecretario de Minería Erich Schnake Walker. Esta vez la preocupación se hace explícita. El objetivo es plantear su visión sobre la ‘extensión de la reserva Jeinimeni a terrenos fiscales actualmente objeto de exploración (sondajes) por Southern Gold SpA, filial de Equus Mining, abierta a la Bolsa en Australia, cerca de Chile Chico (cerca de mina Cerro Bayo), y eventual recaracterización de la referida reserva como Parque Nacional Patagonia’.

El 23 de octubre estos dos actores sostendrían una nueva reunión con Schnake. Se sumarían a la cita, según la plataforma sobre el lobby, a los principales ejecutivos de Equus: el CEO Edward Leschke, Mark Lochtenberg y Robert Yeates, todos miembros del directorio de la empresa. El motivo: ‘Exploración en curso en bienes fiscales (Chile Chico, Región de Aysen), susceptibles de ser incorporados a la actual reserva Jeinimeni, y eventual futuro Parque Nacional Patagonia’.

La última gestión, con el mismo objetivo, sería ante la ex intendenta Karina Acevedo, el 13 de diciembre del año pasado. Aunque estaba contemplado que concurrieran Koerber y Pablo Carrasco Pinuer, como gestores de interés de Southern Gold, solo el segundo pudo asistir. Casualidades del destino: Carrasco es hijo de Juan Pablo Carrasco, quien fuera cercano de Douglas Tompkins y uno de sus principales apoyos en la recuperación de la ex estancia Valle Chacabuco con fines de convertirla en el Parque Nacional Patagonia. Falleció en 2011, cuando ya no cumplía funciones para la fundación conservacionista.

Acevedo confirmó que la reunión versó sobre los límites del parque, donde se le planteó expresamente que ‘estos fueran modificados para poder realizar sus actividades’. Una medida a favor de la minería que también planteó el alcalde Ibarra a la autoridad, ‘cuando gestionó reuniones con autoridades nacionales’, recordó la ex intendenta.

En todas esas reuniones se dejó en claro la sincronía entre Southern Gold y Cerro Bayo, ya que la intención de la primera es utilizar parte de las instalaciones de la segunda en su eventual explotación extractiva. De esta forma convertir el área de Jeinimeni en un complejo minero industrial en Aysén, a orillas del segundo lago más grande de Sudamérica, en la reciente declarada Zona de Interés Turístico Chelenko, cuenca que ya estaría viviendo los efectos de la contaminación de la minería según ha consignado un estudio de Sernageomin.

Koerber también ha estado vinculado con otro proyecto en el extremo sur de Chile. En octubre de 2015 habría sostenido, según www.infolobby.cl, una reunión con el fiscal de la Superintendencia de Medio Ambiente, Dominique Hervé Espejo, en el marco del proceso sancionatorio de la empresa CAL Austral de Chiloé por una serie de infracciones sanitarias que originaron malos olores y afectaron a los habitantes de la comuna de Castro. En diciembre de ese año la compañía tuvo que pagar una multa de 58 millones de pesos, la mitad de los $ 116 millones que debía pagar originalmente.

Fuente: El Mostrador.

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