Un grupo internacional de científicos sugiere prohibir la actividad en áreas donde convergen especies de distintas regiones o en las que se produce intercambio genético. Una explotación sin control podría llevar a extinciones locales e incluso globales, aseguran los expertos.

Pérdida de contacto entre las comunidades biológicas, alteraciones irreversibles en los ecosistemas marinos y potenciales extinciones regionales e incluso globales, aparecen entre los mayores peligros que podría generar la explotación sin control de recursos minerales en el lecho oceánico.

Así lo advierte un estudio que publicó ayer la revista Science Advances, y en el que un grupo internacional de científicos define criterios básicos de protección de áreas sensibles y que debería considerar la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA).

La entidad trabaja en un marco regulatorio legal y ambiental para la minería submarina en aguas internacionales, es decir, las que están más allá de la soberanía de cada nación. Sus técnicos están reunidos esta semana en Kingston, Jamaica, para avanzar en el documento, que debería estar listo en un plazo de dos años, adelanta el abogado chileno Gastón Fernández, miembro de la comisión jurídico-técnica del organismo.

Si bien no se ha extraído ningún gramo de mineral, la ISA ya ha concedido 29 concesiones de exploración. Diecisiete son para explorar nódulos polimetálicos (esferas rocosas que contienen diversos minerales en estado de muy alta pureza) en la zona de fractura de Clarion-Clipperton, en medio del Pacífico, y en la cuenca central del océano Índico. Otros siete contratos son para explorar sulfuros polimetálicos (minerales con alto contenido de metales, generados en áreas geológicamente activas) en las cordillera submarina del océano Índico y cordillera dorsal del Atlántico Central, mientras hay cinco contratos para explorar costras ricas en cobalto (mineral clave para enfriar las pilas de litio) en el océano Pacífico occidental.

Zonas sensibles

Los autores de la publicación plantean que la ISA debería impedir la explotación de áreas consideradas como de transición biogeográfica -donde confluyen especies de distintas regiones-, zonas de hibridación genética -donde se pueden mezclar especies con material genético no muy diferenciado- o en las fronteras de las fallas geológicas. Asimismo, recomiendan que en las zonas de montes submarinos o con presencia de chimeneas submarinas activas, ambas con alta presencia de biodiversidad, se proteja al menos el 50% del área intervenida.

Si bien la propuesta apunta solo a la minería más allá de las 200 millas, los expertos reconocen que bien podría servir de marco de referencia para la misma actividad en aguas territoriales.

Los más adelantados en este campo son los canadienses de la compañía Nautilus Minerals, que ya tiene una concesión del gobierno de Papúa Nueva Guinea y cuenta con parte de la tecnología para las faenas de extracción de nódulos polimetálicos, que incluyen cobre, oro y plata.

En el caso chileno, la ley establece que todos los yacimientos en aguas jurisdiccionales solo pueden ser explotados por el Estado, concesiones administrativas o contratos especiales. Hasta ahora, ninguna se ha materializado, pero el hallazgo de enormes yacimientos de nódulos de hidratos de metano al sur de Tierra del Fuego, sumado a otros descubrimientos semejantes en la costa entre Valparaíso y Puerto Montt, podría acelerar este tipo de explotación.

“Esta minería no debería ser tan contaminante como la terrestre, porque no involucra explosiones de roca. Los nódulos están prácticamente en el lecho marino y podrían ser retirados en forma relativamente sencilla, por ejemplo, con sistemas parecidos a aspiradoras”, dice Fernández. No obstante, el abogado reconoce que si hay que explotar el subsuelo y resulta necesario hacer zanjas o piques, eso sí podría afectar el entorno.

Fuente: El Mercurio.

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