Luego que la ministra de Medio Ambiente retirara el proyecto de ley de glaciares del Congreso, queda la incógnita sobre cómo se abordará el resguardo de las reservas de agua sólida en nuestro país. La Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares planteó que la posición del gobierno frente a este tema pretende “resguardar la forma de desarrollo extractivista con la que se ha dañado a los glaciosistemas”.

El agua se ha trasformado en un punto de debate fundamental para nuestro país, ya que por décadas este recurso se ha mantenido privatizado y entregado sobre la base del derecho, a perpetuidad a quienes ostentan propiedad sobre él. La sobreexplotación de este recurso ha generado escasez en diferentes territorios, generando conflictos socio-ambientales donde las comunidades defienden su derecho al agua, mientras grandes conglomerados defienden su propiedad sobre el vital elemento.

La discusión sobre los glaciares y su protección no está lejos de esta pugna. Protegerla en estado sólido permite que los diferentes ríos, lagos y acuíferos tengan una renovación ecológica que permita que los territorios sigan subsistiendo sobre la base de sus recursos naturales. Por lo mismo, no es extraño ver que la principal oposición a que se legisle en este sentido sea de parte de sectores como la minería, acusados por la ciudadanía de destruir las masas de hielo, además de adquirir los derechos de los ríos.

Cubillos y los glaciares

La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, retiró el proyecto de ley de glaciares de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y señaló que la iniciativa había dormido en esa comisión por largo tiempo durante la administración anterior. Según la secretaria de Estado “la forma de proteger los glaciares es a través del impulso al proyecto que crea un sistema de áreas protegidas”, desestimando la idea de crear una protección específica para humedales o glaciares”.

Incluso especificó que “dentro de la norma del proyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se podría crear un instrumento de conservación de biodiversidad donde se puede aprobar la protección de los glaciares mediante áreas protegidas, como la calificación de ecosistemas o planes de manejo de áreas protegidas amenazadas”.

En la misma línea, la titular de medioambiente señaló en entrevista con T13 Radio que el Ejecutivo anunciará “el itinerario y la elaboración de una ley marco de cambio climático por parte del gobierno”, legislación en la que presentarían una propuesta eficaz a lo que está ocurriendo con los glaciares.

Las reacciones no tardaron en llegar. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero valoró el retiro del proyecto, el que calificó de tener “el objetivo oculto de evitar que se desarrollara la minería, en lugar de proteger los glaciares”.

Estefanía Vega, miembro de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, plantea que existe diferencia con la posición de la ministra, aun cuando consideran que el proyecto propuesto en la administración Bachelet era “insuficiente y mal pensado”.

A juicio de la coordinadora, los objetivos del gobierno de Sebastián Piñera no son proteger los macizos de hielo, sino favorecer al modelo extractivista, algo que se vislumbra en propuestas como la reforma al SEA, “una decisión pro inversión que tiene como objetivo que las empresas lleguen previamente a los territorios, haciendo diálogos participativos con el fin de detectar las falencias o debilidades que puedan tener los territorios para pavimentar su arribo a los lugares, disminuyendo la oposición y entregando mayor certeza jurídica para los proyectos”.

En el mismo sentido, Vega plantea que “cuando las leyes son parceladas sin ver el todo o el conjunto, existen fisuras que terminan siendo vacíos legales que les permite a las empresas ingresar y trasgredir la ley, generar proyectos que velen por el resguardo total y que no tengan esta visión de parcialidad, porque finalmente estos discursos de sustentabilidad van en función de generar una competencia de protección, donde se decide en cuánto tranzar la naturaleza, que es un bien común, por pagos que no aseguran la restitución de estos ecosistemas vitales y que están cada vez más agotados. Chile posee una política extractivista tan avanzada que terminan avalando y nos hacen estar en una fragilidad incalculable”.

La preocupación de Estefanía Vega guarda relación con la confusión que se genera cuando una empresa que, a todas luces es contaminante o genera daños irreversibles al medioambiente, aparece con un reporte de sustentabilidad de 200 páginas, exponiendo lo responsable que es socialmente solo por ejecutar estrategias de lavado de imagen a partir proyectos “sustentables” que son considerados y avalados por los acuerdos internacionales como el tratado de Kioto o el Acuerdo de París, los que, en definitiva, “le entregan un marco conceptual a las empresas para que aparezcan como responsables con el medio ambiente con medidas de compensación que no restituyen en ninguna medida los daños que se generan sistemáticamente a las comunidades y al medio natural que colinda con las faenas industriales”.

Un marco conceptual sobre los glaciares para legislar

La falta de un marco conceptual que pueda definir qué es un glaciar genera la imposibilidad que se pueda hacer una ley acorde a la protección que debe recibir un sistema complejo como el agua en estado sólido repartida en nuestro país. Los más de 24 mil glaciares del país, que en total abarcan cerca de 23.641 km2 de superficie, no cuentan con ninguna política pública que regule de forma concreta su cuidado, mantención y protección para evitar que puedan ser vulnerados por proyectos extractivitas.

Francisco Ferrando, geógrafo de la Universidad de Chile y experto en hidrología planteó que “al hablar de glaciar estamos haciendo una simplificación de lo que es la criosfera y del glaciosistema”.

“Cuando hablamos de criosfera estamos haciendo referencia a todas las presencias de agua en estado sólido en la tierra, por lo tanto, estamos hablando de escarcha, granizo, nieve, neviza, hielo y en las distintas posiciones en las que podría estar como en la atmósfera donde hay nubes con presencia de hielo hasta el hielo que se encuentra bajo la superficie como los criptoglaciares y el permafrost andino. Por otra parte, está el glaciosistema que es la relación de toda esta presencia de hielo con el sistema atmosférico y todas las relaciones e influencias de uno en otro, así como también su relación con el sistema hidrológico con el biosistema o el sistema bioférico donde se incluye la vegetación, fauna y las personas. Hay todo un sistema de relaciones de estos subcomponentes del geosistema o sistema planetario. Entonces es muy complejo hacer una ley que solo proteja glaciares cuando todavía hay que definirlos”.

Por lo mismo, el investigador de la Universidad de Chile plantea que “cuando hablamos de los glaciares estamos diciendo que nos preocupa que sigan existiendo, por lo tanto, el objetivo es propiciar que mantengamos esa reserva de recursos hídricos y que nos dure lo más posible, porque el cambio climático está afectando, pero en mayor medida depende de la acción humana directa e indirecta. Entonces, tomando eso como el contexto general, cómo se ha hecho en países como Argentina, tiene que haber una ley específica o estar considerado como un cuerpo legal específico dentro de una ley o marco mayor que podría ser la ley del medio ambiente, pero no solo debe considerar los glaciares como un cuerpo de hielo, sino que debe ser considerado como un sistema glacial donde está la relación con todos los componentes del geosistema, con esto se incluye el sistema periglacial, es decir, el entorno y también la presencia de áreas de nevazón y conservación de nieve vieja, porque son todos recursos hídricos”, finalizó el experto.

Fuente: Radio UChile.

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