montessubmarinosYa suman más de 150 mil hectáreas, lo que es casi equivalente a las áreas terrestres bajo protección, pero aún no existe fiscalización ni presupuesto que las protejan. El Mercurio, 07 de abril de 2014.

Francisco Coloane, Isla Grande de Atacama, Motu Motiro Hiva, Tic-Toc y Piti Palena-Añihue son todos nombres de parques marinos y áreas marinas costeras protegidas (AMCP) creadas en los últimos 10 años para responder a las recomendaciones del Convenio de Biodiversidad de Naciones Unidas.

Algunos ocupan unos pocos cientos de hectáreas, y otros, como Motu Motiro Hiva, el equivalente al 4% del mar territorial, con lo que su superficie sumada ya es comparable con las áreas terrestres bajo protección.

Pero hasta ahora la mayoría son parques de papel, y poco se ha hecho, fuera de publicar el decreto que les da origen.

«Es bonito informar al mundo que tenemos más de 150 mil kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas, pero hay que hacerlas funcionar», dice Rodrigo Hucke Gaete, cetólogo de la Universidad Austral y del Centro Ballena Azul, quien ha sido uno de los principales impulsores de las áreas del golfo de Corcovado. «No es que esté en contra de su creación -asegura-, porque son los cimientos para construir algo sobre ellos».

Fiscalizar

«Si bien es importante que hayan creado estas áreas y que se materialicen más, se debe implementar cuanto antes un sistema de administración a cargo de un servicio de áreas protegidas y dotarlas de presupuesto suficiente para mantenerlas y fiscalizar que no se realizan actividades ilegales en ellas», coincide Álex Muñoz, vicepresidente de Oceana para Sudamérica.

Tal servicio es justamente uno de los organismos claves dentro de la estructura del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), y su materialización está aun pendiente. De hecho, el envío del proyecto de ley que lo crea forma parte de las 50 medidas prioritarias del gobierno.

«Estamos confiados en que va a salir, porque es un mandato de la Presidenta», dice Alejandra Figueroa, jefa de la división de recursos naturales del MMA.

Desde que en 2010 el ministerio asumió una tarea de supervigilancia de las áreas protegidas, incluyendo las marinas, empezó a desarrollar proyectos, explica. «En algunas se han generado levantamientos de líneas de base (estado original de un área), se ha avanzado en determinar las amenazas que enfrentan y las zonificaciones; es decir, las zonas de preservación y en las que eventualmente se puede realizar extracción de recursos».

Asegura que una vez que el servicio entre en funcionamiento, tendrán las facultades para manejar y proteger en forma efectiva esas áreas, lo que incluye la capacitación de personal que se haga cargo de ellas.

En opinión de Álex Muñoz, es necesario que se entregue un mayor presupuesto a la Armada y al Servicio Nacional de Pesca para que puedan monitorear la pesca ilegal en esas reservas, que son cada vez más extensas, especialmente el parque Motu Motiro Hiva, en Salas y Gómez.

Al respecto, Alejandra Figueroa asegura que ya están trabajando con diferentes organizaciones en la posibilidad de tener un monitoreo no solo presencial, sino también digital. «Hoy existen tecnologías que permiten determinar a distancia las embarcaciones que hay en una zona, y a través de sus movimientos se puede saber qué tipo de pesca están desarrollando».

Mientras se materializa el servicio, las ONG dan pasos por su cuenta. WWF Chile, el Centro Ballena Azul y la Fundación Melimoyu están trabajando en la implementación de Pitipalena-Añihue y Tic-Toc, las dos áreas creadas en el golfo de Corcovado a principios de este año. «La intención es seguir trabajando en los próximos dos a tres años para asegurarnos que la implementación se haga efectiva», dice Francisco Viddi, coordinador del programa de conservación marina de WWF Chile.

El gran desafío -sostiene- es que tengan un plan de manejo real que defina, por ejemplo, los usos que necesitan los pescadores artesanales o cuántas personas y cuántas lanchas podrán entrar, en el caso del turismo.

También hay un tema pendiente con la acuicultura. En el caso de Piti Palena, hay instalaciones de salmoneras que quedaron dentro del área protegida, y habrá que definir con ellas estrategias de mitigación.
Recuadro :
Un avance

No todo está por hacerse. Alejandra Figueroa, del Ministerio de Medio Ambiente, destaca que en el caso del área marina costera protegida (AMCP) Isla Grande de Atacama, «el Core aprobó un monto de 800 millones de pesos para que exista una acción concreta respecto de protección, servicios y valoración para lograr el desarrollo sustentable. Es el primer ejemplo de un AMCP que tendrá una actividad concreta financiada».

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